LOS CUMPAS DE LA CONDUCCION, RECHAZARON EL CONVENIO CHINO

LOS CUMPAS DE LA CONDUCCION, RECHAZARON EL CONVENIO CHINO

El Partido Justicialista finalmente tomó una postura orgánica en relación al convenio entre el gobierno de Fabiana Ríos y la empresa de capitales chinos TFEyQ, rechazándolo de plano. Lo hizo ayer en Río Grande donde se reunió el Consejo Provincial encabezado por su vicepresidente Esteban “Chiquito” Martínez, quien junto a los presidentes de los tres consejos departamentales de la provincia y a la diputada nacional Rosana Bertone, dio a conocer el contenido del documento, que en su parte más elocuente señala que “estas acciones perjudiciales a la provincia de Tierra del Fuego, por parte del partido gobernante, ameritan que el Partido Justicialista advierta del enorme daño futuro a toda la sociedad fueguina y rechaza en todos los términos el proceso de contratación privada directa llevada a cabo por este gobierno”. Los ingenieros Jorge Andino y Mario Ferreyra, explicaron técnicamente a los presentes sobre los perjuicios de este convenio. Cabe destacar que el documento fija en forma “obligatoria” la postura partidaria para todos los estamentos legislativos, sean concejales o legisladores provinciales.

Ayer se reunió en esta ciudad el Consejo Provincial del Partido Justicialista para tomar una postura definitiva sobre el polémico convenio entre el gobierno de Fabiana Ríos y la empresa de capitales chinos.
El encuentro fue encabezado por el vicepresidente Esteban “Chiquito” Martínez y participaron los presidentes de los tres consejos departamentales de la provincia, David Splendiani de Río Grande, Juan Carlos Pino de Ushuaia y Eduardo “Quique” Sandri de Tolhuin; a la diputada nacional Rosana Bertone; el decano de la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional y ex diputado nacional, ingeniero Mario Félix Ferreyra, el ingeniero Jorge Andino, quien fue ministro de Hidrocarburos de la provincia, además de importantes referentes de distintos sectores internos de esta fuerza política, como el ex diputado Omar Becerra y los ex senadores Mabel Caparrós y Daniel “Nene” Martínez.
“La conclusión de todos los análisis que hemos hecho, desde el punto de vista técnico, económico y jurídico y político, es que el Justicialismo se opone a este convenio porque lo vemos no sólo inviable, sino contrario a los intereses de Tierra del Fuego”, explicó “Chiquito” Martínez, quien aclaró a renglón seguido que “esto no significa que nos oponemos a inversiones o a la instalación de una petroquímica para el procesamiento del recurso gasífero”.
En el documento de la mesa -firmado por el Vicepresidente del PJ- y titulado “Políticas Públicas de Recursos Naturales y Energéticos”, los peronistas exponen que “ha sido una bandera del justicialismo, en toda su historia, la defensa y protección de los recursos naturales y energéticos, declarándolos siempre, como de un irrenunciable interés nacional, que no es más que la defensa de los intereses del pueblo argentino, únicos usufructuarios de las riquezas de la Nación”.
“Jamás el justicialismo se ha opuesto a la explotación de sus riquezas naturales, ni, específicamente, las hidrocarburíferas, en la medida que estas, produjeran inversión para la patria, mano de obra y desarrollo tecnológico, dentro de un marco de legalidad, racionalidad, planificación y sustentabilidad temporal”, recuerdan.
Asimismo reflejaron que “en estos últimos 18 meses la sociedad fueguina ha sido testigo de uno de las más inmorales negociaciones hidrocarburíferas de la historia de la patria, que según los informes técnicos – científicos, económicos y jurídicos aportados por profesionales y especialistas del partido justicialista y adherentes, acompañan este documento y así lo demuestran”.

La realidad del contrato con Tierra del Fuego Energía y Química

Los justicialistas manifiestan que “la gobernadora Fabiana Ríos insiste sospechosamente en llevar adelante el contrato de venta de gas celebrado con una presunta empresa china. El gas a vender será recibido por la provincia, a cambio del dinero que hoy percibe por las regalías correspondientes, con la supuesta intención de venderlo a un mejor precio y a pagar por adelantado los tres primeros años por parte de la empresa TDFEyQ SA. Sorprende en primera instancia la generosidad de la empresa compradora de adelantar en pago 90 millones de dólares en tres cuotas de 30 millones de dólares y sorprende aun más que, una empresa sin antecedentes en materia energética y sin capital, se proponga construir una planta de metanol, aceptando una oferta del estado provincial para ejecutar un proyecto de semejante envergadura”.
Asimismo dejan claro que “el Partido Justicialista denuncia, como inadmisible, que el gobierno de la provincia contrate como si fuera una empresa privada la venta de los recursos naturales (bienes públicos), en este caso nuestro gas natural, violando el artículo 74 de la Constitución Provincial a un precio irrisorio de u$s1,80 el millón de BTU cuando “la Argentina tiene fijado con Bolivia un precio de u$s5,00, mientras EEUU, lo paga u$s7,50 y Japón u$s12,00 el millón de BTU” según datos aportados el 22-12-2006 por el actual Senador José Martínez cuando era legislador provincial por el ARI. En la misma sesión el senador confirmaba que: “Con las reservas actuales en Tierra del Fuego no tenemos gas, alcanzaría para cinco o seis años más”. Iguales apreciaciones realizaba la gobernadora Ríos junto con la Dra. Elisa Carrió, cuando, siendo diputadas nacionales en el año 2006, iniciaron acciones legales contra Repsol-YPF, afirmando que en el país había reservas para solo 12 años de los cuales ya pasaron tres”.
Asimismo observaron que “a su vez el representante provincial ante la Organización Federal de las Provincias Productoras de Hidrocarburos OFEPHI, Ing. Oscar Suárez, corrobora que la Provincia tiene reservas para 11 años, afirmación ratificada en el día de ayer (por el miércoles), ante la Fiscalía de Estado provincial, aun así, el Gobierno, consiente de esta situación, insiste en el ofrecimiento de provisión de gas por los próximos 25 años, generando el riesgo para la provincia de no poder proveer los volúmenes comprometidos; al mismo tiempo y en el mismo acto resigna la jurisdicción judicial, proponiendo un perito para resolver las eventuales, futuras y potenciales controversias amistosamente, y si este no conforma a las partes, la señora gobernadora ofrece y se compromete, excluir de la tutela y autoridad de los jueces naturales de la provincia y de la Nación Argentina, las disputas jurídicas, para llevarlo a un sistema de arbitraje en la República Oriental del Uruguay, punto 8.2. de la oferta”, denuncian.
“Los justicialistas somos honrosos herederos de una doctrina política, Nacionalista, defensora del sistema democrático, republicano y federal y nos resulta inadmisible a los altos ideales propuestos, que un funcionario electo municipal, provincial o nacional pueda ofrecer al capital extranjero, y comprometerse con ellos, por acto administrativo, emanado por autoridad competente, excluir, razonada y deliberadamente al Poder Judicial de la Provincia y de la Nación, al control judicial suficiente de estos negociados”, postularon.
“También es dable aclararle al pueblo, que el Gobierno provincial acepta y se compromete en el convenio de cooperación con la provincia de Shaanxi, de la República Popular China y la empresa TFEQ.S.A., deslealmente y en demérito de las cualidades técnicas – profesionales del hombre trabajador Argentino, que el 70% del personal calificado que se ocupará en la construcción y posterior producción de la planta de metanol, será de origen chino”.
Asimismo, “debe dejarse en claro que no se conoce cuales son las empresas estatales chinas asociadas, que participan de este acuerdo; que está en estudio la Planta de Metanol, para la que falta todavía un largo tiempo de definición y que por la inexperiencia del ARI, salió el contrato que salió (según declaraciones tomadas del asesor legal de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia Dr. Omar Espósito en el diario Provincia 23 del 21-8-2009). La gobernadora Ríos insiste en que “pudo haberse cometido un error administrativo” en la gestión de este contrato, error que el Fiscal de Estado de la Provincia Dr. Martínez de Sucre valora en casi u$s8.000.000 de dólares que la provincia perdería, aún cuando el contrato tuviera encuadre constitucional y legal”.
Por otro lado, “observamos en la ley 774, la autorización legal para el cobro y gasto actual, de dineros propios, provenientes de regalías hidrocarburíferas de los presupuestos 2012 y 2013, además de una técnica jurídica pobre e insuficiente, no existiendo en ella, una sola palabra acerca de eventuales incumplimientos por parte del contratante, ni plazos de caducidad, ni multas, ni tan siquiera, los modos de resolución de la oferta, según las causales eventuales que pudieren producirse, violando el artículo 74 de la Constitución Provincial al no exigir la obligación de selección y una previa, amplia y documentada difusión; no obligo a la revisión previa del pliego de oferta, ni la declaró de carácter público, y no reguló el uso industrial del agua dulce”.
“Rescatamos las declaraciones y escritos del ex vicegobernador de la gobernadora Ríos, Dr. Carlos Bassanetti, quien advierte a su gobierno de las irregularidades del contrato, dejando sembrado en la sociedad, un manto de dudas morales y éticas acerca de los verdaderos objetivos del negociado”.
“Todos estos hechos irregulares, han merecido graves observaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia, custodio de la legalidad de los actos económicos del Gobierno y el más enérgico reproche jurídico de la Fiscalía de Estado Provincial, encargada de custodiar el patrimonio de la Provincia por imperio de la Constitución Provincial, incluso, solicitando al Superior Tribunal de Justicia provincial la anulación de la oferta”, recordaron los peronistas.

Conclusión

Como conclusión de lo expuesto, “el Partido Justicialista denuncia ante el pueblo de Tierra del Fuego que se observa una gravísima falta de idoneidad, de honradez y una absoluta falta de patriotismo, del gobierno del ARI. La falta de transparencia del gobierno queda al desnudo en este negociado con los chinos, que pretendió aprobarse mediante la sanción de la ley 774, contrariando mandatos de la Constitución Provincial y pretendiendo entregar al comerciante extranjero nuestros recursos naturales a un precio pactado entre gallos y medianoche”.
“Estas acciones perjudiciales a la provincia de Tierra del Fuego, por parte del partido gobernante, ameritan que el Partido Justicialista advierta del enorme daño futuro a toda la sociedad fueguina y rechaza en todos los términos el proceso de contratación privada directa llevada a cabo por este gobierno. Todo ello como resultante de su evidente incapacidad de gestión, resaltando que no gobierna para el pueblo, sino para si misma, a partir de prácticas políticas de dudosa moral y con un accionar político antidemocrático, las cuales, son ejecutadas por funcionarios irresponsables que han paralizado a la provincia a lo largo de este proceso de gobierno”.
Asimismo “aprovechamos la oportunidad para convocar a un diálogo político fecundo y duradero, a las máximas autoridades partidarias de los partidos políticos de representación mayoritaria en la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, como lo son, la Unión Cívica Radical y el Movimiento Popular Fueguino, a fin de establecer políticas de Estado, en materia de recursos naturales y energéticos, conjunta, consensuada y responsablemente, para los próximos años, de modo que no se transformen en un fin de disputa política, sino, en un medio de bienestar general”.
“Insistimos en declarar, el Partido Justicialista no se opone a la explotación de nuestras riquezas naturales, en cualquiera de sus formas y sumamos nuestro inmenso compromiso con la sociedad, en las búsquedas de políticas y procedimientos, que fructifiquen en mayores inversiones, mayor empleo y desarrollo tecnológico, siempre dentro de un marco de claridad, que importe la debida y objetiva información que el ciudadano merece, siempre ajustado a derecho”.

Apoyo a la ley industrial

Como colofón, el documento manifiesta: “aprovechamos la oportunidad para celebrar junto al pueblo, la sanción definitiva, del proyecto de ley de fomento de la industria fueguina, propuesto y enviado para su sanción, por nuestra señora presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, encarnado en el ámbito de nuestra provincia, por nuestra diputada nacional, Dra. Rosana Bertone, que ratifica, como lo hemos dicho antes, nuestro inmenso compromiso con el pueblo, en la búsqueda de políticas que fructifiquen en mayor empleo, mayores inversiones y mayor desarrollo tecnológico, para la realización plena del hombre, de la comunidad y felicidad del pueblo”.

Bertone, Ferreyra y Andino opinaron sobre el convenio chino

Los referentes peronistas Rosana Bertone, Mario Ferreyra y Jorge Andino, se refirieron al convenio chino y al documento que elaboraron ayer en Río Grande sobre este tema. Bertone desgranó elogios al ministro de Obras y Servicios Públicos Manuel Benegas, “porque él ha tenido, sí, -y tengo que decirlo- una actitud distinta que los demás miembros del gabinete provincial; él siempre se ha acercado, busca el diálogo, es una persona que quiere arreglar la situación de la obra pública en la provincia”.
La diputada nacional Rosana Bertone, a la sazón presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de diputados, aseguró ante la consulta de este medio, desconocer si el Gobierno provincial ha presentado este convenio con la empresa TFEYQ ante la Secretaría de Energía. “La verdad que desconozco, no he tenido noticias de esto; la última vez que se habó de esto fue el año pasado, el secretario de Energía, el ingeniero Daniel Cameron dio una explicación en un programa radial de Río Grande. Fue lo último que tuve conocimiento sobre la cuestión, que un funcionario nacional haya emitido una opinión concreta sobre el tema del convenio. De todos modos entiendo que es un tema de jurisdicción provincial y es por eso que esta cartera nacional no puede decir que la provincia haga o no tal cosa”.
Recordó que “desde que nosotros tenemos la Ley Corta, tenemos la facultad de decidir sobre las áreas revertidas y concesionar las áreas, por lo que no creo que haya una injerencia nacional y entiendo que el Gobierno nacional es respetuoso del federalismo”.
Sobre las posiciones a favor del convenio que han tenido algunos referentes partidarios, Bertone explicó que “como yo he tenido una postura en contra desde el principio, incluso antes de que fuera a la Legislatura, considero que hubiese sido difícil mantener una conversación en ese sentido; sí hemos tenido charlas con los concejales e incluso hemos conversado con los ediles distintas inquietudes que me han planteado los militantes de aquí de la ciudad de Río Grande, en cuanto a que ellos participen de las reuniones del Consejo Departamental o que reciben a en sus despachos, los compañeros me han manifestado que así lo hacen, que lo están haciendo, que lo van a trabajar, que comprenden este problema. Creo que eso se puede llegar a subsanar en cuanto a los temas concretos que tienen acá en Río Grande porque en los dos casos, tanto del concejal Moreira como el concejal Ojeda, se han mostrado conmigo predispuestos a escuchar a la militancia de Río Grande”, aseguró, aunque aclaró que “a mí no me invitaron a la reunión que mantuvieron con el ministro Aníbal Fernández”.

Bertone desgranó elogios a Manuel Benegas

Consultada sobre la relación con la gobernadora sobre cuestiones como los límites provinciales o la industrialización de la provincia, Bertone aseguró que “la relación es estrictamente institucional; nunca he tenido mayor acercamiento, excepto con el nuevo ministro de Obras Públicas Manuel Benegas porque él ha tenido, sí, -y tengo que decirlo- una actitud distinta que los demás miembros del gabinete provincial; él siempre se ha acercado, busca el diálogo, es una persona que quiere arreglar la situación de la obra pública en la provincia, que tiene mucha complejidad. Tengo la misma sensación en cuanto a él, que tienen las cámaras de la construcción, el sindicato; pareciera tener otro perfil dentro del gabinete y que es la única persona que he tenido así que he tenido un diálogo y que tengo un diálogo concreto con respecto a temas de trabajo”.
“Y después, en lo que hace a diputados, charlo con los pares, tanto con Belous como con Gorbacz los temas en todas las sesiones porque siempre tratamos los fueguinos desde hace un tiempo de tener una posición más unívoca, más común en cuanto al tratamiento de los temas”, confió Bertone.

Los electos deben consensuar posiciones con el partido

El ingeniero Mario Ferreyra recomendó que las autoridades electas del PJ, concejales y legisladores y demás representantes justicialistas, “consensúen sus posiciones -es decir, lo que deciden cuando deciden con su voto- con los organismos que conducen el Partido Justicialista, de tal manera de recuperar la organicidad partidaria, la capacidad de debatir ideas y la posibilidad de ofrecerle al pueblo de Tierra del Fuego, las mejores decisiones”.

Andino responsabilizó a Ríos por las declaraciones de Lin

El ingeniero Jorge Andino, salió al cruce del representante de TFEYQ Fernando Lin, quien había amenazado de que si el convenio no se aprobaba, recurriría a los estrados judiciales. “Estas declaraciones son parte de la imprudencia que ha cometido este gobierno en permitir en alguna medida constituir un contrato, aunque no exista contrato, porque una parte lo firma la Gobernadora en Ushuaia, la otra parte la firman en Buenos Aires con el representante de Tierra del Fuego Energía y Química; hacen un dispendio al impuesto a los sellos, precisamente porque es un contrato entre ausentes y con esa firma que logra el Sr. Fernando Lin, se cree con derechos, en caso de que la Legislatura no reviera su postura -cosa que nosotros estamos impulsando por supuesto- y se dejase sin efecto ese contrato, se arroga la posibilidad de poder recurrir a la justicia”.
Agregó que “estos son los errores que ha venido cometiendo la Gobernadora y que seguramente a los fueguinos nos va a salir muy caro y un gran dispendio de tiempo poder arreglar todo este gran conflicto”, consideró.
Justamente Lin, en tiempos del gobernador Jorge Colazo y en que Andino ocupaba el Ministerio de Hidrocarburos, “había planteado un mecanismo que fue impulsado por el Gobernador Colazo y luego reglamentado por el gobernador Cóccaro donde se estipulaba la iniciativa privada. Se debía presentar una iniciativa, presentar cuál era el proyecto y la tecnología que se pensaba utilizar y después se llamaba a una compulsa de precios, nacional e internacional –una licitación- y si quien planteaba estaba iniciativa privada (Fernando Lin) tenía mejor o igual precio que los demás, era el adjudicatario y si había otra gente que hacía una oferta mejor, ganaba esa gente. Eso es lo que se propuso y quizás por eso no se pudo concretar ese desarrollo industrial”, recordó el ingeniero Andino.